"Nos encontramos en un tiempo de encrucijada e incertidumbre. Los problemas hídricos son especialmente importantes en la captación de las aguas subterráneas, que pueden terminar con nuestro modelo de crecimiento. Este problema sólo puede ser corregido a través de una conjunción de soluciones que pasan necesariamente por la reactivación del trasvase del Ebro; el mantenimiento y consolidación del trasvase Tajo-Segura, con las condiciones actuales que lo regulan; el impulso a los riegos tradicionales del segura, la finalización del trasvase Júcar-Vinalopó (con agua de calidad y a precios asumibles), es decir volviendo a la toma original desde Cortes de Pallas; la reutilización de aguas depuradas y complementariamente con la desalinización" explican en un comunicado conjunto la Federación de Regantes y Asaja.
"Si todo ello se aplicara conseguiríamos restaurar el equilibrio hídrico perdido y nos hallaríamos en el camino de resolver el principal problema ambiental, económico y social que en estos momentos tiene la Comunidad Valenciana: el déficit de recursos hídricos", explican los representantes de unas asociaciones que hasta ahora han tenido el respaldo del PP sobre política hídrico y ellas a su vez han apoyado las tesis populares hasta que ahora, por sorpresa, no se ha incluido el trasvase del Ebro en el programa electoral del PP como ocurría hasta ahora.
"Los aquí presentes", explican, "hemos acordado constituir hoy 16 de noviembre de 2011, un grupo de trabajo que actúe como comisión de seguimiento en materia de recursos hídricos, un lobby que analice en cada momento las repercusiones e impactos económicos de nuestro déficit hídrico y que reivindique de manera enérgica y continuada los postulados que siempre hemos defendido en los temas de agua. Empresarios, regantes, usuarios y agricultores somos los más perjudicados por esta situación de desequilibrio hídrico y consideramos prioritario que nuestras autoridades se pongan a trabajar en los factores que impiden nuestro crecimiento, devolver la confianza a los sectores productivos, pues ahora más que nunca urge recuperar la capacidad de generar empleo".
Manuel Serrano, presidente de la Comunidad de Regantes de Riegos de Levante margen izquierda y presidente de la Federación de Regantes de la Provincia de Alicante, quien en 1999 fue candidato del PP a la Alcaldía de Elche, comunicó las demandas sobre al trasvase Tajo-Segura.
Serrano exige el mantenimiento del Tajo-Segura en las condiciones actualmente existentes y todo ello en cumplimiento de la legislación vigente.
La formación política que ostente el gobierno a partir del día 20, debe formular, según Serrano, nada más tomar posesión de sus cargos, una manifestación expresa en defensa del Tajo-Segura y su oposición rotunda a los frecuentes ataques que sufre la obra hidráulica. Deberá impedir en todo momento que las competencias hídricas pasen a las autonomías, lo que sólo conllevaría a potenciar la conflictividad entre territorios y aumentar las injusticias del agua beneficiando sólo a aquellos en los que nacen los ríos cuando éstos son de todos los españoles, según establece la Constitución".
Serrano explica que "Alicante se ha caracterizado por una sequía hídrica extrema desde antiguo. Los condicionantes climáticos e hidrográficos explican la penuria natural de recursos hídricos existentes en nuestra provincia. Esta escasez se ha visto intensificada por el crecimiento de la demanda. No fue casual, por tanto, que el primer trasvase intercuencas de la península ibérica tuviera como destinatario de los caudales las tierras levantinas de la cuenca del Segura.
Esta zona conjugaba la escasez permanente de recursos hídricos con su capacidad para crear riqueza. Los impulsos del trasvase consideraron implícitamente el agua como un factor de producción, en cuya asignación debía prevalecer la eficiencia; es decir, la utilización del recurso para las actividades que resultaran más productivas, que en este caso eran: una agricultura de exportación y altos rendimientos y el sector turístico ligado al litoral mediterráneo de las provincias de Almería, Murcia y Alicante".
La construcción del Trasvase Tajo-Segura concluyó en 1979, es decir, hace 33 años. Mediante el Trasvase, se deriva agua del río Tajo desde los embalses de Entrepeñas (Provincia de Guadalajara) y Buendía (Provincia de Cuenca) al río Segura a través de la presa del embalse de El Talave, reconoce Manuel Serrano.
En 1971 se aprobó la Ley del Aprovechamiento Conjunto Tajo-Segura. La Ley se fundamentaba en el principio de que las aguas públicas debían utilizarse allí donde su efecto resultara más beneficioso económica y socialmente para el conjunto de la Nación y reconocía la capacidad del Estado para ordenar y fijar el destino del agua con independencia del marco físico de la cuenca por la que discurría de forma natural.
También estaban presentes en la Ley de 1971 las cuestiones fundamentales de los trasvases: el reconocimiento de que sólo podían transferirse recursos excedentarios, el respeto a los aprovechamientos existentes y el derecho de la cuenca suministradora a recibir compensaciones por la cesión, siempre bajo una premisa fundamental, que cuando en los embalses de la cabecera del Tajo existan 240 hm³ o menos de agua, no se trasfiera agua bajo ningún concepto. Así hemos funcionado durante los últimos años y no vamos a permitir que se ponga fin a este Trasvase.
El Trasvase Tajo-Segura es una infraestructura estratégica de extraordinaria importancia en la ordenación hidráulica española. Es fruto de una política de ordenación del territorio impulsada por el Estado que ha permitido la consolidación de un sector agrícola de enorme vitalidad en el sureste español y, a su vez, ha garantizado la subsistencia hídrica de los abastecimientos urbanos de numerosas poblaciones de la zona, incluidas grandes poblaciones como Alicante, Cartagena, Murcia, Lorca, Elche, Torrevieja y Orihuela.
Una vez repasadas las necesidades de la cuenca del Tajo, analizamos las que se registran en las del Segura. Actualmente, el trasvase del Tajo-Segura suministra agua a decenas de municipios de la provincia de Alicante (entre los que se encuentran Alicante, Orihuela, Albatera, Crevillente, Elche,…), términos murcianos (Calasparra, Archena, Cieza, Fortuna,…). En resumen, esta infraestructura abastece el agua que necesitan los miles de ciudadanos de 26 municipios de la provincia de Alicante, 22 murcianos y 6 de Almería. El agua y, en concreto, los aportes del Tajo-Segura, son nuestra vida".
Para Serrano, "debe considerarse y reconocerse expresamente el daño medioambiental y económico que ocasionaría acabar con una obra tan importante como es la del Tajo-Segura. Es obvio que el Trasvase es insustituible.
Si se echa el cierre al Tajo-Segura, veremos cómo se degrada una obra de grandes dimensiones, ocasionando un daño irreparable en el entorno, además de ocasionar un daño humano, económico y medio ambiental sin precedentes.
En cuanto a la provincia de Alicante, destaca el hecho de que el 56% de su población es abastecida por la Mancomunidad de los Caudales del Taibilla (sostenida en el Trasvase Tajo-Segura) con el 44 % del total de sus recursos disponibles para dicho concepto, lo cual podría explicarse, o bien por una significativa mejora en la eficiencia de la distribución con un importante control de pérdidas, o bien por una menor dotación unitaria en las poblaciones abastecidas por dicho organismo.
La importancia que ha tenido la infraestructura en el abastecimiento de agua potable en la provincia de Alicante está fuera de toda duda. Así, la aportación de los volúmenes trasvasados ha llegado a suponer un 20,4 % del total de la demanda global para abastecimiento de todos sus municipios, pudiéndose cuantificar para un año medio (2004) en algo más de 43,5 hm3.
El valor económico de las producciones agrícolas de las zonas regables por el ATS de las tres provincias es de 1.040.274.155€, lo que representa un 32,48% del valor de la producción agrícola de regadío conjunto de éstas.
Se estiman en más de 110.000 los empleos directos generados en el espacio beneficiado por las aguas del trasvase.
El comunicado que respaldan los reganes explica que "hoy los regantes y usuarios aquí representados observamos lo que ya sabíamos y hemos venido denunciando desde julio de 2005. El cambio de la toma del Trasvase Júcar-Vinalopó fue un disparate, un profundo error que ha dilapidado 400 millones de euros de dinero público sin aportar una solución válida. El problema del suministro hídrico estaría resuelto si se hubiera ejecutado el Trasvase Júcar-Vinalopó desde Cortes de Pallás, tal y como fue consensuando con todos los usuarios en el año 2001.
Desde hace varios años se viene produciendo importantes problemas de uso y encarecimientos en los costes del riego, fenómeno que está ligado a los importantes descensos producidos en los niveles piezométricos de las unidades hidrogeológicas de la zona, siendo estos descensos de hasta 80 metros en algunos sistemas de explotación. Si estos descensos persisten en el futuro pueden acentuar los problemas de insostenibilidad a medio y largo plazo, manifestada ésta por la pérdida de calidad del recurso y por la pérdida de garantía para los abastecimientos urbanos que toman agua de estas unidades hidrogeológicas.
La solución a la sobreexplotación de los acuíferos del Vinalopó estaba bien definida mediante la conducción Júcar-Vinalopó desde Cortes de Pallás. El Banco Europeo de Inversiones lo calificó como técnica, económica y medio ambientalmente sostenible, atreviéndose a ponerlo de ejemplo en proyectos similares que se llevaran a cabo en el territorio europeo. El trasvase desde Cortes habría permitido evitar las situaciones de precariedad e insostenibilidad actuales, reduciendo el riesgo de encarecimiento por falta de disponibilidad de recursos a corto plazo.
La paralización de las obras de la Conducción Júcar-Vinalopó: solución Cortes y su sustitución por el nuevo proyecto desde Cullera dificulta considerablemente la recuperación de los acuíferos sobreexplotados. El nuevo trazado con toma en Cullera, previsto en el proyecto aprobado en marzo de 2006, imposibilita, en la actualidad, los aportes a la cuenca del Vinalopó de agua para abastecimientos, fundamentalmente por razones de calidad, lo que a su vez influye negativamente en los costes que soportaría el regadío.
Las obras de la Conducción Júcar-Vinalopó desde Cortes estaban ejecutadas a más de un 52% en julio de 2005 y su coste real ascendía a 240 MM de euros, por lo que las incertidumbres presupuestarias eran mínimas. La eficiencia energética de la instalación de bombeo en Cortes era muy superior a la solución planteada desde el Azud de la Marquesa, debido principalmente a la mayor altura de elevación en esta última, la toma en Cortes tiene un coste energético de 1,3 kw/m3 y la de la Marquesa se eleva a 3,5 kw/m3 Los costes de explotación con la toma en Cullera multiplican por 2,7 a los de Cortes, sea cual sea el volumen potencialmente trasvasado.
El punto de toma no es decisivo para determinar las posibilidades de trasvase, ya que éstas dependen de las disponibilidades globales del Sistema y de los criterios y prioridades de asignación. En Cortes existen recursos suficientes para realizar el trasvase Júcar-Vinalopó, por lo que las posibles incertidumbres hidrológicas han sido conocidas y aceptadas desde el principio por sus beneficiarios, los usuarios del Vinalopó.
La solución Cortes tenía capacidad teórica para trasvasar hasta 160 hm3/año, si funcionaba de forma continua. Ello, sin pretender superar el volumen máximo permitido (80 hm3/año), lo que posibilitaba hacer una gestión plurianual de la infraestructura, bien para trasvasar más agua en los años con mayores recursos, sin que la media excediese del máximo indicado, o bien para adquirir recursos a través de mecanismos de mercado, lo que permitía un doble o triple uso (uso normal, excedentes y mercado del agua), reduciendo los costes de inversión por metro cúbico trasvasado.
En diciembre de 2010 comenzaron las pruebas técnicas de la Conducción Júcar-Vinalopó. Sin embargo, siguen pendientes algunas cuestiones esenciales para el correcto funcionamiento de la infraestructura: la calidad del agua y las tarifas a aplicar. Oficialmente nada se sabe de la prometida potabilizadora, valorada en 40 M€, que debe garantizar que el agua es apta para el abastecimiento y regadío de todos los cultivos. En cuanto al precio que habrán de pagar los usuarios, éstos a través de la Junta Central de Usuarios ya han manifestado su negativa a asumir costes superiores a los contemplados en el convenio inicial de 2.001 que estarían en el entorno de los 0,12-0,15 €/m3. Se corre el riesgo de tener una infraestructura terminada sin usuarios.
No existen razones fundadas de orden hidrológico, económico, medioambiental, jurídicas, sociales, ni de eficiencia energética, que aconsejen el cambio de toma, más bien al contrario se ha demostrado la idoneidad de la solución Cortes. La solución Marquesa (Cullera) no ha sido reclamada ni deseada por nadie, ni por los usuarios del Júcar ni por los del Vinalopó, ni por la Administración Autonómica, sobre todo cuando el coste de la obra y su mantenimiento, las repercusiones ambientales y el coste final del agua trasvasada son muy superiores a la solución de Cortes.
En opinión de los regantes, garantizar a medio y largo plazo el suministro de agua en términos de cantidad, calidad y precio es una oportunidad de futuro. Queremos manifestar que no renunciamos al derogado trasvase del Ebro, pues constituye un pilar fundamental en nuestro propósito de situar a la agricultura y al sector agroalimentario de nuestra zona en un motor económico diverso, multifuncional y básico para el conjunto de la economía de nuestro país.
Requerimos que se tengan en cuenta, a partir de los estudios técnicos objetivos elaborados, cuáles son las necesidades reales de agua, presentes y futuras, en la provincia de Alicante y se reconozca la necesidad de recibir más aportes de agua externos.
La atención de estas prioridades pasa por la contemplación de recibir aportes de cuencas externas y, en concreto, los del Ebro, por ser uno de los ríos más caudalosos de España. Debe reconocerse, por tanto, la clamorosa de reactivar el Plan Hidrológico Nacional de 2001, sin perjuicio de contemplar otras transferencias
Con la construcción y puesta en servicio del citado trasvase se habrían generado 514.135 puestos de trabajo en todo su ámbito de cobertura, que comprende la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Cataluña (Barcelona) y la provincia de Almería en Andalucía. De estos puestos de trabajo el 67% habrían sido estables y el resto temporales.
Se estima que el empleo potencial que ha dejado de generarse debido a la escasez de agua como recurso productivo, además del que hubiera generado la propia ejecución del trasvase.
Para los sectores de uso doméstico o residencial, industrial y de servicios el trasvase del Ebro preveía 439 hm3 anuales, de éstos 142 hm3 estaban destinados a los sectores industrial y de servicios donde se podrían haber generado un potencial de empleo cifrado en 345.604 nuevos puestos de trabajo, lo que representa el 67,2% del total. De esta cantidad el 59% serían puestos de trabajo del área industrial, el 40,5% de servicios y el resto del sector agua.
Por otra parte, el empleo directo e indirecto de la construcción de la infraestructura, aplicando la tabla Input-Ouput Nacional del 2005 confirma que en los siete años en los que se ejecutarían los trabajos se habrían creado 85.092 empleos de duración anual (el 16,5% del total), de los que casi 55.000 serían directos.
Por último el empleo agrario directo, indirecto y total que generaría el trasvase del Ebro en las comunidades Valenciana, Murcia y Andaluza (Almería) que habrían recibido los caudales alcanzaría los 83.439 nuevos puestos de trabajo, lo que supondría un incremento del 50% del empleo agrario existente actualmente en las cinco provincias (Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Almería).
Exigimos una política hídrica coherente, que pasa necesariamente por la necesidad de contemplar preceptos como el plasmado en la Ley de Aprovechamiento Conjunto Tajo-Segura de 1971, que se fundamenta en que las aguas públicas deben utilizarse allí donde su efecto resulte más beneficioso económica y socialmente para el conjunto de la nación.
Pedimos que no se abandone la explotación del Tajo-Segura, reclamada por parte de Castilla-la Mancha, teniendo en cuenta las pérdidas económicas y de empleo que ocasionarían a las provincias de Alicante, Murcia y Almería.
Reclamamos el mantenimiento, consolidación e impulso de los riegos tradicionales con agua de calidad para el Río segura que han servido para configurar una agricultura clave en la Vega Baja, comarca que produce el 46% del valor económico de la agricultura en toda la provincia.
Queremos que llegue agua de calidad, en cantidad suficiente y a precio asumible del Júcar-Vinalopó con la mayor premura posible, retomando la toma de Cortes de Pallás.
Exigimos la toma en consideración del gran esfuerzo económico protagonizado por los agricultores y regantes en términos de inversiones para modernización de regadíos y la implantación del riego localizado. Hemos sido pioneros en España y todo un ejemplo a seguir en toda Europa en el elevado grado de eficiencia alcanzada, que supera el 90%.
Exigimos que cubran las necesidades hídricas futuras mediante la construcción del Trasvase del Ebro, y se promueva un Gran Pacto del Agua, que incluya la interconexión de cuencas y que permanezca inalterable en el tiempo, pese a las circunstancias existentes o a que se registren cambios en el poder ejecutivo.
Solicitamos la convocatoria urgente de la comisión provincial del Agua. Todo lo aquí expuesto, le será remitido al nuevo Presidente del Gobierno de España y al nuevo gobierno que salga elegido a raíz de los resultados del próximo domingo.
Igualmente se notificará al, Presidente de la Generalitat Valenciana, a la Consellera de Agricultura y Agua de la Generalitat Valenciana, y a la presidenta de la Diputación de Alicante.
Además, este grupo de trabajo se compromete a defender ‘Agua para Alicante’ de manera permanente, para que jamás se olvide nuestras reivindicaciones, y éstas lleguen con firmeza y contundencia a la clase política. Iniciaremos una campaña de información y sensibilización de la opinión pública, de los residentes en nuestros pueblos y ciudades para que conozcan la importancia de nuestras reivindicaciones y se unan a ellas en defensa y apoyo de los regadíos alicantinos. y,, de los intereses económicos y sociales de Alicante", concluyen los regantes.
Fuente: La Crónica Virtual
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