«A ver si va a ser verdad que esos cabrones le han metido fuego al monte para desviar la atención de todo el mundo y poder acabar el trabajito sin llevarse un susto», se dijo el policía. Ni corto ni perezoso, fue a contarle sus conclusiones al sargento. Un minuto después, éste ya estaba descolgando el teléfono y marcando el número de la Guardia Civil.
Un auténtico desastre natural
Por un puñado de euros
Los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil tomaron los mandos de la investigación mientras las llamas seguían consumiendo, de manera implacable, jornada tras jornada, la Sierra del Puerto. No fue hasta las once y cuarto de la mañana del 16 de septiembre cuando el incendio se dio oficialmente por extinguido. En esos nueve días había arrasado 579,85 hectáreas de pino y masa forestal en una zona de gran interés medioambiental, catalogada como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona Especial de Protección de las Aves (ZEPA). Un daño irreparable al bien común, por no hablar del tremendo coste económico que habían supuesto las labores de extinción, ya que la Dirección General de Emergencias de la Comunidad Autónoma se había visto obligada a movilizar a 875 personas, 237 vehículos y todas sus aeronaves, a las que se sumaron, hasta llegar a las 17, otras de Castilla-La Mancha, Andalucía y del Ministerio de Medio Ambiente.
Cuando la inspección ocular de los técnicos confirmó que el incendio había sido provocado intencionadamente, al igual que otro en la cercana Sierra del Puerto que por fortuna fue rápidamente atajado, a los agentes del Seprona se le puso cara de vinagre. Aquella salvajada era injustificable cualquiera que pudiera ser la razón esgrimida. Pero si encima lo habían hecho con el único y rastrero fin de robar impunemente unos kilos de cobre, los autores iban a acabar sudando tinta de calamar. Eso, de entrada. Y si además el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Caravaca de la Cruz hacía lo esperado, iban a tener tiempo de sobra de reflexionar tras los barrotes de una celda. Éste no iba a ser uno de tantos incendios provocados que se quedaban sin resolver; los sospechosos estaban bien enfilados.
Armando la investigación
El 'membrillo' no se rajó cuando los guardias le pidieron que les acompañara al cuartel y les contara lo que sabía de las actividades de El Paquillo. Relató lo mismo que le dijo aquella noche al cabo de los 'munipas' y aportó nuevos datos, todos ellos de gran interés. Les hizo saber que el compinche de El Paquillo era El Carletas y que ambos tenían la mala costumbre de pegarle yesca al monte cuando iban a robar transformadores, ya que de esa forma levantaba menos sospechas un coche cargado de cobre. Les refirió además, a modo de ejemplo, que eso mismo lo habían hecho antes en una zona de Calasparra conocida como 'Ecce Homo', con el fin de saquear una caseta en la zona de El Esparragal.
Por último, les aseguró que un colega suyo, El Bullío, había escuchado también cómo El Paquillo alardeaba de haber incendiado la Sierra del Molina, y les contó algo que acabaría siendo definitivo: que el cobre robado lo vendían en una chatarrería de la zona de Churra, en Murcia, llamada 'Hijos del Rojo'.
Por supuesto, hacia ese almacén encaminaron sus pasos los agentes del Seprona. Para ese momento ya habían comprobado que a lo largo de ese año 2010, Calasparra era el municipio con más incendios forestales (trece; tantos como Lorca, pese a tener este municipio una extensión casi diez veces mayor) y también con más incendios intencionados (seis, seguido de Totana, con solo dos). Además, era el único municipio en el que habían registrado dos y hasta tres fuegos el mismo día y en horas coincidentes.
Todos los datos que iban recabando daban consistencia al asunto.
El engaño de los chatarreros: Una triple contabilidad
Los dueños de la chatarrería se mostraron colaboradores. Al menos, en apariencia. De forma voluntaria, entregaron a los agentes un puñado de facturas (56) que indicaban que El Paquillo, ya plenamente identificado como Francisco Ramón F.M., vecino de Cehegín, de 33 años, les habían vendido 2.670 kilos de cobre entre los años 2008 y 2010. Todo ello en pequeñas entregas que iban de los 3 a los 28 kilos, a excepción de una de 147 kilos, que se hizo unos días después (el 20 de septiembre) del incendio en la Sierra del Molino.
Con todos esos datos, El Paquillo y su presunto compinche, El Carletas (Francisco Javier M.M., vecino de Calasparra, de 29 años) fueron detenidos el 26 de septiembre. Como era lógico suponer, ambos negaron cualquier relación con el incendio y los robos de cobre, pero incurrieron en numerosas contradicciones. Además, El Paquillo aseguró que todo el cobre vendido a la chatarerría de Murcia lo había sacado de una empresa de Bullas, llamada La Diosa, con permiso de su dueño. La Guardia Civil tardó en comprobar la falsedad de la historia el mismo tiempo que tardó en contactar con el encargado de la firma. El Paquillo y El Carlotas acabaron en prisión.
El asunto parecía cerrado, hasta que los agentes comenzaron a preguntarse por qué los dos sospechosos acudían hasta tan lejos a vender el cobre robado, teniendo otras chatarrerías mucho más cercanas a su pueblo. Cuando sondearon a alguna empresa del sector acerca de si sabían quién podía estar dedicándose a comprar material robado, y se les refirió el nombre de 'Hijos del Rojo', los guardias civiles llegaron a la conclusión de que debían hacer otra visita al almacén. Pero, esta vez, con una orden de registro.
Con lo que se toparon, para su sorpresa, es que esta empresa del Cabezo de Torres llevaba hasta una triple contabilidad y que, supuestamente, solo una pequeñísima parte del cobre que recibían era facturado y declarado oficialmente. Hasta el punto de comprobar que solo en 2010, la chatarrería habían vendido hasta 160.000 kilos de cobre a otras empresas del sector, por importe de más de 670.000 euros.
El nombre de muchos de sus proveedores (en buena parte de los casos, ladrones) era ocultado con el supuesto fin de protegerlos. Los administradores de la firma, Juan José O.M., de 58 años, y José O.M, de 47 años, fueron detenidos y acusados de delitos de receptación, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Tercera fase de la operación: Proveedores en la diana
Pero tampoco aquí, con el arresto de los dueños de la chatarrería, había acabado el asunto. El análisis de la documentación intervenida en la empresa dejó patente que, por tratarse presuntamente «del mayor centro de compraventa ilegal de cobre la Región», como lo definió la propia Guardia Civil, por allí pasaban infinidad de delincuentes que se ganaban la vida robando cobre. Hasta 104 de los vendedores de material tenían antecedentes delictivos. Quedaba mucha tela que cortar.
De esta forma, en los últimos meses los agentes se han dedicado a seguir el rastro de esos proveedores y, cuando han existido razones para sospechar que el cobre que habían vendido era robado, los han detenido. Así ha ocurrido con P.M.S., de 39 años, y J.A.T.E., de 25 años, ambos de Calasparra; A.O.C., de 53 y de Cartagena; J.M.M.P., de 46 y de Murcia ; L.M.B., de 25 y de Librilla, y J.M.F., de 45 años y de Cartagena, que durante 2010 entregaron a la chatarrería importantes cantidades de cobre.
Sin duda, no serán los últimos. La devastada Sierra del Molino parece que, esta vez sí, recibirá justicia.
