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lunes, 11 de junio de 2012

Unidos contra la Iglesia Católica, dice el PP de Calasparra


El Partido Socialista e Izquierda Unida Verdes presentarán en el próximo pleno municipal a celebrar el día 11 de Junio en el Ayuntamiento de Calasparra sendas mociones para exigir que la Iglesia Católica pague el IBI de sus locales.
La moción del Partido Socialista solicita, que se realice un censo municipal de los inmuebles rústicos y urbanos que están registrados a nombre de la Iglesia Católica y de otras confesiones religiosas con el objeto de proceder a la actualización posterior del Padrón de Bienes Inmuebles para poder así girar el IBI a todos aquellos bienes inmuebles cuyo destino no esté vinculado al culto.
Además solicita instar al Gobierno de España a presentar una Ley de Conciencia y Religiosa que determinará modificaciones, entre otras, de la Ley de Haciendas Locales, de la Ley de Mecenazgo y Fundaciones y una revisión de los Acuerdos del Reino de España con la Santa Sede, vigentes desde 1979. Por último dar traslado al Congreso de los Diputados y al Gobierno de España de estos acuerdos.
Por su parte, Izquierda Unida Verdes pide que el Ayuntamiento de Calasparra solicite al Gobierno de España que revise el Acuerdo con la Santa Sede sobre Asuntos Económicos de 1979 con respeto del IBI a la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas, así como a sus organizadores y centros de enseñanza religiosa. 
Reclama que se haga un censo en el Ayuntamiento de Calasparra de los inmuebles rústicos y urbanos que están censados y registrados a nombre de la Iglesia Católica y de otras confesiones religiosas, así como de las entidades y asociaciones afines.
Demanda analizar y estudiar el conjunto de beneficios fiscales obligatorios en los tributos locales al objeto de determinar su viabilidad futura y en todo caso adaptarlos a la realidad actual dado que muchos de ellos fueron regulados hace más de dos décadas con una situación social y económica muy dispar a la existente en la actualidad.
Requiere que se inste a las Cortes Generales que hagan las modificaciones pertinentes en la Ley de Haciendas Locales, en la Ley de Mecenazgo y Fundaciones y otras normas locales y leyes estatales y autonómicas  para evitar injustificables exenciones del IBI y de otros impuestos a la Iglesia Católica y a otras entidades jurídicas.
Además solicitan que sea retirado el coeficiente reductor de la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos, que el Ayuntamiento de Calasparra aplica a la Iglesia Católica.
¡Y se quedan tan panchos! A nosotros no nos sorprende el hecho de que estos partidos que presumen de ser solidarios, igualitarios y de estar cerca del más débil, actúen de la manera más ruin, discriminatoria y sectaria.
Puestos a pedir que paguen, pero que paguen todos… ¿porqué no dicen nada de los locales propiedad de los Partidos Políticos, sus fundaciones, de los Sindicatos, preferentemente UGT Y CCOO, a los que todos sabemos que se les entregaron más de medio millar de inmuebles sólo en la Transición?, ¿porqué eximen a las ONG, a la ONCE, a la CRUZ ROJA, a las federaciones deportivas, a todas las organizaciones y fundaciones acogidas a la Ley de Mecenazgo?
No, a ellos les interesa que pague, más que nadie la Iglesia Católica, es igual la labor que haga, no sólo son incapaces de reconocer la riqueza moral y social de la Iglesia, sino que tampoco valoran el gran esfuerzo que están haciendo a través Manos Unidas, Cáritas, etc. para que muchos de nuestros conciudadanos que se han quedado sin trabajo y sin protección estatal, gracias a las nefastas políticas de los gobiernos socialistas, tengan un pedazo de pan que llevarse a la boca. ¿Cuántos se están vistiendo y comiendo gracias a estas organizaciones? ¿Cuántos están recibiendo ayudas incluso para pagar alquileres de viviendas?
Si en su afán recaudatorio estos partidos consideran que sería una buena medida que la Iglesia Católica pagase el IBI  de sus locales que suponen el 4´9 % de los locales exentos en España, de la misma manera cabría exigir que pagaran el 95´1 %  restante.
Es obvio, por otro lado, que si exigimos a la Iglesia Católica que pague el IBI, ese dinero lo restamos a las ayudas que a través de sus organizaciones humanitarias están prestando a nuestros conciudadanos.
Creemos que estas acciones que pretenden llevar los partidos de la llamada izquierda española, lejos de solucionar algún problema en la maltrecha economía de nuestros pueblos y ciudades, lo único que van a conseguir es enfrentar de nuevo a los españoles, crear tensión en nuestras  relaciones sociales, confundir a la opinión pública y conseguir que malgastemos nuestro tiempo y nuestras energías en causas perdidas. Y es que está claro que a falta de ideas, proyectos, soluciones viables etc. para que podamos salir cuanto antes de la crisis,  estos partidos se dejan llevar por la más rancia ideología y el sectarismo anticlerical más radical.

Fuente: Departamento de Comunicación del Partido Popular de Calasparra

jueves, 1 de septiembre de 2011

Diez ayuntamientos pierden los fondos del Estado por no auditar sus presupuestos

Diez ayuntamientos de la Región de Murcia están a punto de recibir un nuevo golpe a su ya maltrecha salud económica. Para algunos incluso puede representar la puntilla, ya que perderán una de las pocas fuentes fijas de ingresos que aún les quedan: su participación en los impuestos del Estado.

Los afectados en la Región son los municipios de Albudeite, Archena, Calasparra, Campos del Río, Cehegín, Moratalla, Ojós, Pliego, Ricote y San Javier. En el conjunto del España son 2.514 los ayuntamientos perjudicados.

Todos ellos han incumplido la ley reguladora de las Haciendas Locales, cuyo artículo 193 les obliga a remitir al Ministerio de Economía y Hacienda la liquidación de sus presupuestos del año anterior. En caso de no hacerlo, la pena para estos municipios la fijó el artículo 36 de la ley de Economía Sostenible, aprobada el pasado mes de marzo: el Ministerio retendrá a partir de septiembre, y hasta que se produzca la citada remisión, el importe de las entregas mensuales a cuenta de la participación en los tributos del Estado.
Si el Ministerio de Economía cumple lo que marca la ley, y hasta ahora no ha dicho que vaya a hacer lo contrario, el dinero que dejarán de percibir los municipios de la Región a partir de septiembre oscila desde los 6.600 euros al mes de Ojós a los 473.000 de San Javier.
El plazo límite que fija la ley de Haciendas Locales para presentar las cuentas al Estado es el 31 de marzo, pero el Ministerio decidió ampliarlo al 31 de julio al ser tan reciente la entrada en vigor de la ley de Economía Sostenible que establecía el castigo a los ayuntamientos incumplidores.
A principios de julio, aún había en la Región veinte ayuntamientos -casi la mitad de los 45 existentes- que seguían sin presentar sus cuentas auditadas. Sin embargo, diez de ellos consiguieron a lo largo del mes enviar al Ministerio la liquidación de las cuentas de 2010.
Algunos de los alcaldes afectados aún confían en que el Gobierno central se muestre generoso y sea comprensivo con la precaria situación que atraviesan los municipios. Miguel Buendía, de Campos del Río, achaca al relevo en el gobierno local producido tras las elecciones municipales del 22 de mayo y a las vacaciones de agosto el que aún no haya enviado las cuentas al Ministerio. «Falta un informe del interventor, que se incorpora al trabajo esta semana. De modo que lo presentaremos en septiembre. Espero que si nos retienen algo, lo liberen inmediatamente después de que presentemos las cuentas», precisa Buendía.
Esa es la idea de la norma: no pagar a los ayuntamientos incumplidores mientras no informen del estado en que quedaron sus cuentas el año anterior.
Sin embargo, para algunos ayuntamientos puede ser dramático que dejen de llegar los fondos del Estado, aunque sólo sea con un retraso de un mes o unas pocas semanas. «Puede suponer un quebranto importante», reconoce el alcalde Calasparra, Jesús Navarro.
Entre los ayuntamientos implicados está uno de los que mayores problemas económicos atraviesa, Moratalla, que ya ha tenido problemas para abonar la nómina de los funcionarios antes de este nuevo revés. Antonio García, el nuevo alcalde tras el 22-M, reconoce además que la presentación de las cuentas no será inminente, ya que «ni siquiera han pasado por el Pleno municipal».
En el caso de San Javier, su alcalde, Juan Martínez Pastor, confía en formalizar el trámite «en los próximos días», puesto que las cuentas ya están aprobadas por el Pleno y sólo «un problema informático» le ha impedido cumplir con la ley, según declaró a 'La Verdad'.
Fuente: La Verdad
Foto: Trivago