Querella a los dueños de Cofrusa y Halcón por presunto desvío millonario de fondos

El 'magnate' murciano de la conserva Joaquín Navarro Salinas, principal propietario de una firma tan emblemática como Cofrusa, tendrá que pasar por el juzgado para responder de un buen puñado de presuntos delitos, entre los que figuran los de estafa, apropiación indebida, contra la Hacienda Pública, falsedad de cuentas, contra la Seguridad Social e insolvencia punible, en los que el empresario podría haber incurrido durante la operación que urdió para la adquisición en el año 2009 del Grupo Halcón, constituido por las empresas Halcón Foods y Conservas Fernández de Calasparra y Campos del Río, respectivamente.

El Instituto de Fomento (Info), organismo dependiente de la Comunidad Autónoma, y UGT han interpuesto sendas querellas contra este industrial de la conserva (el sindicato la amplía además a su hijo Joaquín Navarro Alemán), y le imputan haber ideado un plan, basado en el engaño, para obtener del Info un aval de casi 28,5 millones de euros, dirigido a obtener un préstamo mancomunado por importe de más de 35,5 millones. Este importante volumen de dinero, que debía haber sido destinado en su integridad a la adquisición y reflotamiento de la actividad industrial de Halcón Foods y Conservas Fernández y, con ello, al mantenimiento de 550 puestos de trabajo de ambas fábricas, habría sido en realidad desviado en buena parte, de manera presuntamente fraudulenta, a Cofrusa y a otras empresas del propio Joaquín Navarro, como la constructora Proconsa, que estaban atravesando por una delicada situación económica.

Las dos querellas, a cuyo contenido ha tenido acceso 'La Verdad', han sido ya admitidas a trámite y se está pendiente de que el juez ordene el inicio de las diligencias y las citaciones, en calidad de imputados, de Joaquín Navarro Salinas y de su hijo, Joaquín Navarro Alemán. La dirección jurídica de ambas querellas ha sido asumida por Antonio Muñoz-Vidal Bernal, en representación del Info, y Evaristo Llanos Sola, en nombre de la Federación Agroalimentaria de UGT en Murcia, que fue la primera en buscar la vía penal.

«Maquinación fraudulenta»

Lo que en realidad pretendía Navarro Salinas, siempre según el relato de ambos querellantes, era utilizar esa adquisición del Grupo Halcón para inyectar, de manera presuntamente fraudulenta, una gran cantidad de dinero a sus empresas, principalmente Cofrusa y la inmobiliaria Proconsa, que estaban pasando por un momento duro.

De esta forma, valiéndose supuestamente del engaño, puso en marcha «una maquinación fraudulenta», dirigida a obtener un aval de la Comunidad Autónoma por importe de 28.464.000 euros, que le permitió obtener un préstamo mancomunado de 35.580.000 euros de las entidades Banco Popular, Banco de Valencia, Cajamurcia, CAM, Banco de Santander, BBVA y Rabobank.

El elemento fundamental para entender el asunto es que la concesión del aval por parte del Info estaba supeditada a que el total del préstamo obtenido (esos 35,5 millones) fuera destinado «íntegra, exclusiva y esencialmente al restablecimiento o reflotación de la actividad productiva del Grupo Halcón». Algo que había obligado al empresario a presentar un detallado Plan de Viabilidad, de obligado cumplimiento, en el que se comprometía a destinar 19 millones a la refinanciación bancaria de esa compañía, 9 millones al pago de deudas a proveedores, 4,5 que irían destinados a capital de trabajo, otros 4 millones al pago de indemnizaciones a trabajadores incluidos en un expediente de regulación de empleo (ERE)...; un plan que además garantizaba, lo más importante, el mantenimiento de 550 puestos de trabajo.

Navarro Salinas se obligaba también a suministrar al Info, con periodicidad trimestral, toda la información de carácter económico y financiero necesaria para confirmar que el dinero era destinado íntegramente a esos fines y asegurar así el cumplimiento estricto del mencionado Plan de Viabilidad.

En vez de ello, según sostiene el Info, la firma privada Altair Consultores, que había sido designada para llevar ese seguimiento, se encontró desde el primer momento con que la información que Navarro Salinas debía suministrar, «no solo se hacía llegar tarde, sino que era insuficiente y incompleta, poniendo todo tipo de trabas y mostrando una conducta tendente a evitar a toda costa que mi mandante tuviera conocimiento de lo acaecido».

«Tras numerosos requerimientos y negativas injustificadas», no fue hasta octubre de 2010 cuando el empresario comenzó a aportar datos, y ello movido supuestamente por la voluntad de conseguir que el Info le avalara otro préstamo de 22 millones. Fue entonces cuando se descubrió «una situación alarmante y totalmente desconocida», consistente en el supuesto desvío de una parte importante de aquellos 35,5 millones a financiar las otras empresas de Navarro Salinas, como Cofrusa y Proconsa, que se encontraban «en una grave situación económica de asfixia financiera».

De paso, además de sacar temporalmente del apuro a sus propias mercantiles, se quitaba supuestamente de enmedio a las empresas rivales del Grupo Halcón, descapitalizándolas e impidiendo cualquier posibilidad de reflotar su actividad.

Mientras el Info considera que la actuación de Navarro Salinas puede ser constitutiva de los presuntos delitos de estafa y apropiación indebida, UGT extiende la querella a Joaquín Navarro Alemán y les imputa delitos contra la Hacienda Pública, falsedad de cuentas, contra la Seguridad Social e insolvencia punible. El asunto judicial, que se prevé largo, acaba de arrancar.

Fuente: La Verdad de Murcia