Dos municipios, una agonía

Juan José Rubio Navarro y Josefa López Moreno se conocieron cuando él tenía 18 años y ella 15. Corría el año 1976 y comenzaron su historia de amor en la factoría de Conservas Fernández, durante una de las primeras campañas de la conservera de Calasparra.

Juan José trabajaba en el área de mantenimiento y Josefa era manipuladora. Durante muchas jornadas intercambiaron miradas furtivas, hasta que llegó el noviazgo, la boda, dos hijos y la compra de la casa en que los criaron, por dos millones y medio de las antiguas pesetas. Su familia -como muchas otras de la época- se forjó al ritmo de los turnos y campañas que marcaba la empresa de los hermanos Fernández. Esa misma batuta que marcó el crecimiento de todo un pueblo, hoy por hoy, se ha convertido en el gran lastre de su economía.

Muy atrás quedan ya aquellas décadas de esplendor y balances positivos que arrojaba la contabilidad de la conservera en su anterior sede en la calle Juan Ramón Jiménez. «Una empresa que fue creciendo con el pueblo y sus vecinos con ella; había más de 600 trabajadores, el 40% del empleo en Calasparra». De hecho, la salida de los hermanos Fernández de la empresa sigue grabada a fuego en la memoria de los trabajadores: «Los problemas empezaron en el año 2000, con los cambios de dueño, de sede y la llegada de la multinacional Inveralia».

Esta empresa de capital de riesgo se fusionaría en 2004 con Halcón Foods, llegando a ser líderes en el sector con una facturación nacional de 86,4 millones de euros. La unión empresarial supondría el germen del Grupo Halcón, el que a la postre lastraría las economías de centenares de familias empleadas en las dos conserveras de Calasparra y Campos del Río.

Juan José, después de haber pasado más de 30 años entre conservas de alcachofa y pimiento, todavía recuerda con ironía como «nos vendieron que Cofrusa era nuestra salvación». El salvavidas al expediente de regulación de empleo que en noviembre de 2008 afectaba a 311 trabajadores -34 fijos y 277 fijos discontinuos- de Conservas Fernández. El ERE fue «un trauma para la plantilla», recuerda, y cayó como una bomba en el Ayuntamiento de Calasparra, que incluso celebró un Pleno extraordinario abordándolo.

Era el principio del fin de los años de bonanza y el comienzo del drama de familias como la de Juan José y Josefa, en paro desde que Cofrusa manifestase en febrero de 2009 su intención de «continuar con la actividad manteniendo el mayor número de puestos de trabajo», tal y como recoge el Ministerio de Trabajo en las actas de las reuniones mantenidas entre el comité de empresa -en el que UGT tenía mayoría- y los empresarios.

Dos años después de esta declaración de buenas intenciones, la conservera sigue cerrada a cal y canto «y el pueblo muerto», lamentan los trabajadores. Juan José explica con impotencia cómo sigue buscando trabajo, «pero a mi edad, con 53 años, ya no me quieren en ningún sitio». Ante la falta de recursos que acucia a su familia, Juan José se plantea incluso que su hijo «deje sus estudios universitarios de Informática, porque no podemos mantenerlos. Y menos mal que nosotros no tenemos hipoteca».

Conservas Fernández

Jornaleros y limpiadoras ilegales

Pero otros afectados por el cierre, como Juan Martín, sí tienen que responder a una hipoteca de 420 euros con una ayuda mensual de 560 euros para parados mayores de 45 años. «Con mi ayuda solo tenemos para pagar el piso, la luz y el agua; nada más», explica. Cada día Juan, su esposa Mari Carmen y su hija se ven obligados a ir a casa de la abuela -doña Catalina- «para poder comer». El futuro no pinta mejor, ya que el próximo 17 de octubre agotará incluso esa prestación de 560 euros y Juan -después de 27 años trabajando en la conservera- no tendrá ni un solo euro para su familia. La situación lo ha obligado a ir al campo a trabajar -siempre de forma ilegal- como temporero allá donde lo llaman. «Es trabajo en negro y no tendré jubilación», lamenta. Su indignación crece cuando afirma que «en Calasparra se ha cometido una asesinato, el asesino está y el cuerpo del delito está... pero no hay sentencia todavía». Para Juan, la solución «sería que se vaya Navarro [Joaquín, propietario de la empresa] porque supondría el desbloqueo de la situación de la conservera».

Otros, como Monserrat García -a la que el Grupo Halcón adeuda más de 7.000 euros de indemnización por su despido tras 25 años de trabajo- aseguran estar dispuestos incluso a «perdonar el dinero que me deben por ver en la cárcel al responsable».

Son muchos los compañeros de producción de Juan y Monserrat los que aseguran que «ahora se empieza a conocer todo lo que ocurrió». El detonante fue la publicación en exclusiva por 'La Verdad' del contenido de sendas querellas presentadas por el Instituto de Fomento y UGT contra el propietario del Grupo Halcón, Joaquín Navarro Salinas. Entre tanto, el cierre de la conservera se ha dejado notar no sólo entre las familias afectadas que se buscan chapuzas o se dedican a limpiar escaleras y portales

El mercado laboral de la comarca entera también recibido la onda expansiva de un cierre que ha arrojado a la calle a centenares de trabajadores sin casi cualificación. «Los empresarios ofrecen ahora sueldos más bajos de lo normal, porque saben que hay necesidad en las familias», explica Montserrat. «Se trata de la ley de la oferta y la demanda en Calasparra: el empleo que tú no aceptas ya lo cogerá otro por menos dinero».

Halcón Foods

La vida en un tablón de anuncios

A unos kilómetros de distancia, el drama es similar entre los vecinos de Campos del Río. El punto de partida es similar al de Conservas Fernández en Calasparra, es decir, un expediente de regulación de empleo que en 2009 afectó a 77 trabajadores fijos discontinuos y 33 fijos de la factoría de Halcón Foods. Según el sindicato UGT, en los últimos dos años la conservera ha perdido 200 días de producción anuales, frente al volumen de trabajo que registraba antes del ERE, «con diez meses de trabajo asegurados en las campañas de la naranja, alcachofa, melocotón, pera y cóctel».

Ese volumen de producción se traducía en puestos de trabajo para todo un pueblo que entre 2009 y 2010 tuvo que conformarse con 58 días laborables: «La campaña del melocotón duró diez días y se pagó por 500 euros, el ingreso del hambre», señalan desde UGT.

La cifra tiene su reflejo en un descenso drástico del consumo en el comercio y sector hostelero local. Y es que familias como la de Santi Hernández no pueden pensar en gastar después de que la nómina que alimentaba a sus dos hijos y su pareja cada mes durante 15 años se haya esfumado: «No podemos darles a nuestros hijos lo que quieren y hemos tenido que recurrir a la comida de Cáritas». Santi se pregunta con amargura «¿dónde están los 28 millones de euros para Halcón?».

Los trabajadores afectados por el primer ERE, el de 2009, aseguran que «están matando poco a poco a Campos del Río y a Calasparra». La pasada legislatura, el Ayuntamiento de Campos del Río se vio obligado a ayudar a las familias con material escolar y se tuvo que ampliar el banco de alimentos. Pese a todo en 2011 parece que los días trabajados en Halcón «han ido a la alza», según UGT, con más de 90 días laborables.

Actualmente, la factoría trabaja la campaña del melocotón, y cada día, los 294 afectados por el segundo ERE, el de agosto de 2011, peregrinan hasta el tablón de anuncios en la puerta de la empresa. En ese tablón aparecen a diario los nombres de los 'afortunados' que disfrutarán de jornales en la campaña y de un sueldo. UGT critica que «no hay previsión de campaña: un día trabajas y otro no; todos los días deben mirar el tablón». Una de estas peregrinas es María del Mar Martínez, 37 años y madre de una familia numerosa con cuatro hijas. Cada día sube la cuesta que da acceso a Halcón Foods con la esperanza de ver publicado su nombre. «Cuando nos vemos en la lista es un día más de esperanza para mi familia, pero si no estás en la lista, te hundes».

Fuente: La Verdad